{"id":256,"date":"2026-02-07T15:00:05","date_gmt":"2026-02-07T18:00:05","guid":{"rendered":"https:\/\/ejuridicobs.cl\/blog\/?p=256"},"modified":"2026-02-07T15:41:12","modified_gmt":"2026-02-07T18:41:12","slug":"consulta-indigena-chile-ds66-estandar-sarayaku","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ejuridicobs.cl\/blog\/consulta-indigena-chile-ds66-estandar-sarayaku\/","title":{"rendered":"La Consulta Ind\u00edgena en Chile: \u00bfCumple el DS 66 con los Est\u00e1ndares de la Corte Interamericana?"},"content":{"rendered":"\n

Resumen<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

La ratificaci\u00f3n del Convenio 169 de la OIT en 2009 marc\u00f3 un antes y un despu\u00e9s en la relaci\u00f3n del Estado chileno con los pueblos originarios. Sin embargo, a m\u00e1s de una d\u00e9cada de la dictaci\u00f3n del Decreto Supremo N.\u00ba 66 (2014)<\/strong>, que reglamenta este proceso, surge una pregunta jur\u00eddica ineludible: \u00bfest\u00e1 nuestra normativa interna a la altura de las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)?.<\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo examina si el Decreto Supremo N.\u00ba 66 de Chile cumple con el est\u00e1ndar de \u00abconsulta previa, libre e informada\u00bb establecido por la Corte IDH en el caso Sarayaku<\/em>. La conclusi\u00f3n apunta a una brecha significativa entre la normativa administrativa chilena y las exigencias de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

La presente versi\u00f3n, es una adaptaci\u00f3n a formato blog del art\u00edculo LA CONSULTA IND\u00cdGENA: ESTANDARES INTERNACIONALES Y NORMATIVA INTERNA, Ignacio Barrientos Pardo.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

I. Introducci\u00f3n<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

El art\u00edculo 6 N.\u00ba 1 letra a) y N.\u00ba 2 del Convenio N.\u00ba 169 de la OIT, sobre pueblos ind\u00edgenas y tribales, consagra el deber general de los gobiernos de consultar a dichos pueblos cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.Esta norma est\u00e1 incorporada al sistema normativo chileno ya que Chile ratific\u00f3 en 2009 el Convenio mencionado. Esto motiv\u00f3, no sin vacilaciones, [Cfr. Decreto N\u00ba 66 de 2014, derog\u00f3 el primer Reglamento de Consulta y Participaci\u00f3n Ind\u00edgena, aprobado por el decreto supremo N\u00ba 124, de 4 de septiembre de 2009, del Ministerio de Planificaci\u00f3n<\/a>. Este primer reglamento recibi\u00f3 duras cr\u00edticas, tanto interna como externas.], que se dictara en 2014 el Decreto Supremo  N.\u00ba 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que reglamenta el proceso de consulta ind\u00edgena. [Cfr. Decreto N\u00ba 66 aprueba reglamento que regula el procedimiento de consulta ind\u00edgena en virtud del art\u00edculo 6 N\u00ba 1 letra a) y n\u00ba 2 del Convenio n\u00ba 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo y deroga normativa que indica. Fue publicado en el Diario Oficial de 4 de marzo de 2014.] <\/p>\n\n\n\n

Desde  este punto de partida queremos analizar la realidad normativa chilena sobre este t\u00f3pico en particular. Ello obliga necesariamente a mirar hacia los est\u00e1ndares fijados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte o Corte IDH), cuya competencia es obligatoria para nuestro pa\u00eds. La lectura y an\u00e1lisis de dicha jurisprudencia no permitir\u00e1 determinar si se cumple en Chile con esos est\u00e1ndares o cu\u00e1n lejos nos encontramos de ellos.En primer lugar, abordaremos los principales argumentos de la Corte en una sentencia emblem\u00e1tica sobre esta materia: Caso Pueblo Ind\u00edgena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador <\/strong>de 2012. [Sentencia de 27 de junio de 2012.]<\/p>\n\n\n\n

En segundo t\u00e9rmino, resulta necesario mirar nuestro ordenamiento a tras luz de esa sentencia dictada en el Sistema Interamericano. Finalmente, del an\u00e1lisis efectuado pueden realizarse algunas reflexiones sobre el estado de la cuesti\u00f3n en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

II. An\u00e1lisis de los argumentos de la Corte IDH en el Caso Pueblo Ind\u00edgena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (2012)<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
1. La consulta como deber estatal y derecho de los pueblos ind\u00edgenas<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

La Corte Interamericana determin\u00f3 que el Estado ecuatoriano viol\u00f3 el derecho a la propiedad comunal ind\u00edgena reconocido en el art\u00edculo 21 de la Convenci\u00f3n Americana, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1.1 y 2, al haber autorizado actividades de exploraci\u00f3n petrolera en el territorio del Pueblo Sarayaku sin garantizar un proceso de consulta previa, libre e informada. Para la Corte, la especial relaci\u00f3n que los pueblos ind\u00edgenas mantienen con su territorio no se limita a una concepci\u00f3n patrimonial, sino que constituye la base material, espiritual y cultural de su identidad y supervivencia como pueblo.El Tribunal interamericano sostuvo que el deber de consulta previa no depende exclusivamente de su reconocimiento expreso en el derecho interno ni de la ratificaci\u00f3n del Convenio N\u00ba 169 de la OIT, sino que se deriva directamente de la Convenci\u00f3n Americana, interpretada de manera evolutiva y conforme al corpus iuris internacional de protecci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas<\/em>. Por ello, la Corte afirm\u00f3 que, aun antes de 1998 [El a\u00f1o 1998 Ecuador ratific\u00f3 el Convenio 169 de la OIT.], , el Estado ten\u00eda la obligaci\u00f3n de consultar al Pueblo Sarayaku sobre decisiones susceptibles de afectar significativamente su territorio y su modo de vida.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, la Corte estableci\u00f3 que la consulta debe cumplir con est\u00e1ndares espec\u00edficos: ser previa<\/strong>, de buena fe<\/strong>, culturalmente adecuada<\/strong>, informada<\/strong> y realizada a trav\u00e9s de las instituciones representativas del pueblo ind\u00edgena, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Como consecuencia de esos est\u00e1ndares sostiene que la mera \u201csocializaci\u00f3n\u201d del proyecto o la provisi\u00f3n unilateral de informaci\u00f3n por parte de la empresa concesionaria no satisface este est\u00e1ndar ni puede sustituir la responsabilidad estatal.<\/p>\n\n\n\n

En relaci\u00f3n con la libertad de expresi\u00f3n y la participaci\u00f3n pol\u00edtica (arts. 13 y 23 de la CADH), la Corte concluy\u00f3 que la falta de informaci\u00f3n clara y oportuna impidi\u00f3 al Pueblo Sarayaku formarse una opini\u00f3n y participar efectivamente en la toma de decisiones p\u00fablicas que afectaban directamente su territorio, lo que vulner\u00f3 el control democr\u00e1tico sobre la gesti\u00f3n estatal de los recursos naturales.<\/p>\n\n\n\n

Adicionalmente, la Corte consider\u00f3 que la colocaci\u00f3n de explosivos y la militarizaci\u00f3n del territorio constituyeron una injerencia ileg\u00edtima que afect\u00f3 no solo la propiedad comunal, sino tambi\u00e9n la identidad cultural del pueblo ind\u00edgena, al generar un riesgo permanente para la vida, restringir la libre circulaci\u00f3n y alterar pr\u00e1cticas espirituales y de subsistencia. Estos hechos evidenciaron la falta de medidas adecuadas de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n por parte del Estado.<\/p>\n\n\n\n

Para la Corte la consulta ind\u00edgena es un derecho de los pueblos ind\u00edgena vinculado con la idea de la propiedad comunal yel derecho a la identidad cultural<\/strong>, reconocido como un derecho fundamental y colectivo. Al permitir la destrucci\u00f3n de sitios sagrados, la alteraci\u00f3n del ecosistema y la imposici\u00f3n de un proyecto extractivo sin consentimiento ni participaci\u00f3n, el Estado comprometi\u00f3 la supervivencia cultural del Pueblo Sarayaku y desconoci\u00f3 su condici\u00f3n de sujeto colectivo de derechos en una sociedad pluralista y democr\u00e1tica.Finalmente, la Corte concluy\u00f3 que el Ecuador incumpli\u00f3 su deber de adecuar el derecho interno (art. 2 de la Convenci\u00f3n), al no contar con procedimientos claros y efectivos para garantizar la consulta previa conforme a los est\u00e1ndares internacionales, consolidando as\u00ed una violaci\u00f3n estructural de los derechos del Pueblo Sarayaku.<\/p>\n\n\n\n

2. La propiedad comunal o colectiva ind\u00edgena.<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

La Corte Interamericana reafirma que el art\u00edculo 21 de la Convenci\u00f3n Americana protege no solo la propiedad en sentido cl\u00e1sico, sino tambi\u00e9n la propiedad comunal ind\u00edgena<\/strong>, entendida conforme a las formas propias de dominio, uso y posesi\u00f3n colectiva<\/strong> de los pueblos ind\u00edgenas. Esta protecci\u00f3n incluye el territorio ancestral, los recursos naturales que contiene y los elementos inmateriales asociados, ya que desconocer estas formas equivaldr\u00eda a vaciar de contenido el derecho a la propiedad para millones de personas ind\u00edgenas.<\/p>\n\n\n\n

El Tribunal destaca que la relaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas con su territorio es intr\u00ednseca, especial y esencial para su supervivencia f\u00edsica, cultural y espiritual<\/strong>. En el caso de Sarayaku, la Corte reconoce una vinculaci\u00f3n profunda con su territorio, expresada no solo en actividades de subsistencia, sino en su cosmovisi\u00f3n<\/strong>, sintetizada en la noci\u00f3n del Kawsak Sacha<\/em> o \u201cselva viva\u201d, que integra seres espirituales, equilibrio ecol\u00f3gico e identidad cultural. Esta relaci\u00f3n especial estaba plenamente acreditada y hab\u00eda sido reconocida por el propio Estado mediante la adjudicaci\u00f3n del territorio en 1992.<\/p>\n\n\n\n

Sobre las limitaciones a la propiedad comunal<\/strong>, la Corte reitera que cualquier restricci\u00f3n estatal debe cumplir criterios estrictos: legalidad, necesidad, proporcionalidad y finalidad leg\u00edtima, sin implicar la negaci\u00f3n de la subsistencia del pueblo ind\u00edgena. En materia de explotaci\u00f3n de recursos naturales, la jurisprudencia interamericana \u2014particularmente el caso Saramaka<\/em>\u2014 exige salvaguardias espec\u00edficas, entre ellas la consulta previa<\/strong>, la realizaci\u00f3n de estudios de impacto ambiental adecuados<\/strong> y, eventualmente, la participaci\u00f3n en beneficios. En el presente caso, el eje del an\u00e1lisis se centra en la ausencia de consulta.<\/p>\n\n\n\n

En la aplicaci\u00f3n concreta al caso Sarayaku, el Tribunal concluye que el Estado incumpli\u00f3 gravemente su obligaci\u00f3n de consultar<\/strong>, ya que:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. no realiz\u00f3 consulta alguna en ninguna fase del proyecto;<\/li>\n\n\n\n
  2. deleg\u00f3 indebidamente esta obligaci\u00f3n en la empresa privada CGC;<\/li>\n\n\n\n
  3. permiti\u00f3 pr\u00e1cticas contrarias a la buena fe, como la militarizaci\u00f3n del territorio, la fragmentaci\u00f3n comunitaria y la negociaci\u00f3n individual;<\/li>\n\n\n\n
  4. aprob\u00f3 estudios de impacto ambiental sin participaci\u00f3n ind\u00edgena, sin considerar impactos culturales y espirituales, y sin supervisi\u00f3n estatal efectiva;<\/li>\n\n\n\n
  5. no garantiz\u00f3 que la comunidad contara con informaci\u00f3n adecuada sobre los riesgos del proyecto.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    3. <\/strong>Las 8 Dimensiones del Est\u00e1ndar Sarayaku<\/h5>\n\n\n\n

    La Corte Interamericana ha consolidado el derecho a la consulta previa, libre e informada como una garant\u00eda fundamental<\/strong> para la protecci\u00f3n de la propiedad comunal, la identidad cultural y la supervivencia de los pueblos ind\u00edgenas. Este derecho no se reduce a un acto formal de informaci\u00f3n, sino que constituye un proceso sustantivo de di\u00e1logo intercultural<\/strong>, con dimensiones claramente definidas.<\/p>\n\n\n\n

    a) Dimensi\u00f3n temporal: car\u00e1cter previo<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

    La consulta debe realizarse antes<\/strong> de adoptar o ejecutar cualquier decisi\u00f3n estatal susceptible de afectar significativamente el territorio, los recursos naturales o la forma de vida del pueblo ind\u00edgena. La Corte enfatiza que la consulta no puede llevarse a cabo cuando el proyecto ya ha sido decidido, contratado o iniciado, pues ello vac\u00eda de contenido el derecho. La consulta debe realizarse antes de cualquier decisi\u00f3n o acto de ejecuci\u00f3n<\/strong> que pueda afectar el territorio ind\u00edgena. No basta con consultar antes de la explotaci\u00f3n final; debe hacerse desde las primeras etapas del proyecto<\/strong> (p\u00e1rrs. 180\u2013184).<\/p>\n\n\n\n

    En Sarayaku<\/em>, el Estado firm\u00f3 el contrato petrolero, autoriz\u00f3 actividades de exploraci\u00f3n y permiti\u00f3 la incursi\u00f3n de la empresa sin consulta alguna<\/strong>, por lo que cualquier intento posterior de \u201csocializaci\u00f3n\u201d carec\u00eda de relevancia jur\u00eddica. La Corte sostiene que el car\u00e1cter previo es indispensable para garantizar una participaci\u00f3n real y no meramente simb\u00f3lica.<\/p>\n\n\n\n

    b) Dimensi\u00f3n procedimental: proceso de di\u00e1logo, no acto unilateral<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

    La Corte concibe la consulta como un proceso<\/strong> y no como una simple reuni\u00f3n informativa. Este proceso debe desarrollarse mediante un di\u00e1logo continuo<\/strong>, orientado a la construcci\u00f3n de consensos, y no como una comunicaci\u00f3n vertical del Estado o de la empresa hacia la comunidad.<\/p>\n\n\n\n

    En el caso Sarayaku, la Corte rechaz\u00f3 la idea de que reuniones informativas, acuerdos individuales o negociaciones empresariales puedan sustituir la consulta. El Estado conserva la responsabilidad indelegable de organizar, supervisar y garantizar el proceso consultivo.<\/p>\n\n\n\n

    c) Dimensi\u00f3n subjetiva: sujetos titulares y representatividad<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

    El derecho a la consulta corresponde al pueblo ind\u00edgena como sujeto colectivo<\/strong>, y no a individuos aislados o comunidades fragmentadas. La consulta debe realizarse a trav\u00e9s de las instituciones representativas propias<\/strong>, conforme a las estructuras de autoridad, toma de decisiones y organizaci\u00f3n social del pueblo.<\/p>\n\n\n\n

    La Corte consider\u00f3 que en Sarayaku se vulner\u00f3 esta dimensi\u00f3n al permitir pr\u00e1cticas que fragmentaron la unidad comunitaria, como acuerdos con l\u00edderes externos o comunidades vecinas, debilitando la capacidad de decisi\u00f3n colectiva del pueblo afectado.<\/p>\n\n\n\n

    d) Dimensi\u00f3n material: informaci\u00f3n adecuada, suficiente y comprensible<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

    Uno de los ejes centrales del derecho a la consulta es el acceso efectivo a la informaci\u00f3n<\/strong>. La Corte exige que la informaci\u00f3n proporcionada sea completa y veraz, comprensible desde una perspectiva intercultural, entregada en lengua ind\u00edgena cuando sea necesario y referida tanto a impactos ambientales como sociales, culturales y espirituales<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    En Sarayaku, la Corte constat\u00f3 que el pueblo no recibi\u00f3 informaci\u00f3n clara sobre la colocaci\u00f3n de explosivos, los riesgos para la vida, ni las consecuencias culturales del proyecto, lo que impidi\u00f3 una decisi\u00f3n informada.<\/p>\n\n\n\n

    e) Dimensi\u00f3n cultural: adecuaci\u00f3n intercultural<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

    La consulta debe respetar los valores, cosmovisi\u00f3n, usos y costumbres<\/strong> del pueblo ind\u00edgena. No basta con aplicar procedimientos administrativos generales; el Estado debe adaptar el proceso consultivo a las particularidades culturales del pueblo consultado.<\/p>\n\n\n\n

    La Corte reconoce que en Sarayaku la cosmovisi\u00f3n del Kawsak Sacha<\/em> otorga al territorio un valor espiritual integral, lo cual fue ignorado por el Estado al evaluar el impacto del proyecto \u00fanicamente desde par\u00e1metros t\u00e9cnicos y econ\u00f3micos.<\/p>\n\n\n\n

    f) Dimensi\u00f3n \u00e9tica-jur\u00eddica: buena fe<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

    La consulta debe realizarse de buena fe<\/strong>, lo que implica ausencia de coerci\u00f3n, manipulaci\u00f3n, presi\u00f3n o imposici\u00f3n. La Corte entiende la buena fe como un est\u00e1ndar exigente que proh\u00edbe pr\u00e1cticas como: militarizaci\u00f3n del territorio, amenazas o uso de la fuerza, generaci\u00f3n de divisiones internas y negociaci\u00f3n paralela con terceros.<\/p>\n\n\n\n

    En Sarayaku, la presencia militar y la protecci\u00f3n estatal a la empresa concesionaria fueron consideradas incompatibles con un proceso consultivo genuino.<\/p>\n\n\n\n

    g) Dimensi\u00f3n finalista: objetivo de llegar a un acuerdo<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

    La consulta no es un simple tr\u00e1mite administrativo, sino un mecanismo orientado a alcanzar acuerdos o consensos<\/strong>. Aunque la Corte aclara que no siempre existe un derecho absoluto de veto, s\u00ed establece que el Estado debe realizar esfuerzos serios, reales y efectivos<\/strong> para obtener el consentimiento del pueblo ind\u00edgena, especialmente cuando se trata de proyectos de gran impacto.<\/p>\n\n\n\n

    En Sarayaku, la ausencia total de consulta impidi\u00f3 cualquier posibilidad de acuerdo, lo que constituy\u00f3 una violaci\u00f3n grave del derecho. Nota de edici\u00f3n: Regla de Oro Procesal:<\/strong> La Corte establece que la carga de la prueba recae en el Estado<\/strong>. Es el Gobierno quien debe demostrar que garantiz\u00f3 todas las dimensiones del derecho, considerando la vulnerabilidad estructural de los pueblos.<\/p>\n\n\n\n

    h) Dimensi\u00f3n de salvaguardias reforzadas<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

    La Corte vincula la consulta previa con otras garant\u00edas complementarias<\/strong>, entre ellas:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. estudios de impacto ambiental y social previos, independientes y participativos;<\/li>\n\n\n\n
    2. adopci\u00f3n de medidas para evitar da\u00f1os irreversibles;<\/li>\n\n\n\n
    3. supervisi\u00f3n estatal efectiva de las actividades extractivas.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      La omisi\u00f3n de estas salvaguardias refuerza la responsabilidad internacional del Estado.<\/p>\n\n\n\n

      Una menci\u00f3n especial merece el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como salvaguarda esencial. De acuerdo a la doctrina consolidada de la Corte, el EIA es condici\u00f3n previa para cualquier concesi\u00f3n y debe ser independiente, incorporar impactos sociales, culturales y espirituales y permitir la toma de decisiones informadas (p\u00e1rrs. 204\u2013206).<\/p>\n\n\n\n

      En el caso Sarayaku la Corte detect\u00f3 diversas fallas estructurales<\/strong>, pues se acredit\u00f3 que el EIA fue elaborado por una empresa subcontratada por la petrolera, <\/strong>no cont\u00f3 con participaci\u00f3n del pueblo, <\/strong>ignor\u00f3 la cosmovisi\u00f3n y espiritualidad Sarayaku y no fue objeto de control estatal efectivo.<\/p>\n\n\n\n

      Por ello, concluy\u00f3 que el EIA fue formal, incompleto y funcional a la empresa<\/strong>, lo que refuerza la violaci\u00f3n del derecho a la consulta y del derecho a la propiedad comunal.<\/p>\n\n\n\n

      Considerando lo expuesto, la Corte Interamericana configura el derecho a la consulta previa como un derecho complejo, multidimensional y sustantivo<\/strong>, indispensable para la protecci\u00f3n de la propiedad comunal, la identidad cultural y la supervivencia de los pueblos ind\u00edgenas. En Sarayaku<\/em>, la vulneraci\u00f3n de todas sus dimensiones revel\u00f3 una negaci\u00f3n estructural del pluralismo jur\u00eddico y cultural que la Convenci\u00f3n Americana protege.<\/p>\n\n\n\n

      La consulta previa es vista por la Corte como una obligaci\u00f3n estatal reforzada. La Corte parte de una premisa central: la consulta previa no es una facultad discrecional del Estado, sino una obligaci\u00f3n jur\u00eddica derivada de la Convenci\u00f3n Americana, interpretada a la luz del Convenio 169 de la OIT y del principio de identidad cultural. En consecuencia, la carga de la prueba recae en el Estado, quien debe demostrar que todas las dimensiones del derecho fueron garantizadas (p\u00e1rr. 179).<\/p>\n\n\n\n

      Esta inversi\u00f3n de la carga probatoria responde a la posici\u00f3n de especial vulnerabilidad estructural de los pueblos ind\u00edgenas y a la asimetr\u00eda de poder existente frente al Estado y a las empresas extractivas.La Corte determina que Ecuador viol\u00f3 de manera grave, m\u00faltiple y estructural el derecho a la consulta previa del Pueblo Sarayaku, al incumplir todas sus dimensiones esenciales. La consulta fue inexistente, sustituida por pr\u00e1cticas empresariales coercitivas y respaldadas por el aparato estatal, lo que deriv\u00f3 en una afectaci\u00f3n directa a la propiedad comunal, la identidad cultural y la dignidad colectiva del pueblo ind\u00edgena.<\/p>\n\n\n\n

      III. Reglamento de Consulta Ind\u00edgena (DS 66 de 2014)<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
      1. Caracter\u00edsticas de la consulta ind\u00edgena en Chile<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

      El DS 66 regula como el Estado chileno cumple el deber de consulta del Convenio 169 de la OIT. En el reglamento mencionado la consulta es un deber del Estado y un derecho de los pueblos ind\u00edgenas y su objetivo es intentar llegar a un acuerdo o consentimiento. Ahora bien, aunque no se logre acuerdo, el deber se considera cumplido si se respetan los principios formales del procedimiento.<\/p>\n\n\n\n

      La Consulta procede en Chile cuando se trate de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos ind\u00edgenas<\/strong>. La afectaci\u00f3n directa es una cuesti\u00f3n siempre debatida, por lo que la experiencia jurisprudencial interna muestra que este aspecto ha sido resuelto caso a caso teniendo en cuenta las circunstancias f\u00e1cticas concurrentes.<\/p>\n\n\n\n

      Los principios que deben inspirar la consulta ind\u00edgena son, en consonancia con la jurisprudencia interamericana, la buena fe, consulta previa y la existencia de un procedimiento adecuado y flexible, ajustado a la cultura ind\u00edgena.<\/p>\n\n\n\n

      De acuerdo al reglamento, el procedimiento de consulta contempla etapas claramente definidas:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Inicio y convocatoria
        1. Planificaci\u00f3n<\/li><\/ol>
          1. Entrega de informaci\u00f3n<\/li><\/ol>
            1. Deliberaci\u00f3n interna<\/li><\/ol>
              1. Di\u00e1logo<\/li><\/ol>\n
                  \n
                1. Sistematizaci\u00f3n e informe final<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                  El plazo, seg\u00fan el reglamento, es de 20\u201325 d\u00edas h\u00e1biles por cada una de las etapas del procedimiento, el que deber ser documentado en un expediente escrito.<\/p>\n\n\n\n

                  En el caso chileno si bien el consentimiento es un objetivo del proceso, aquel no es vinculante, por lo que su falta no impide la adopci\u00f3n de la medida. Nota de edici\u00f3n: El punto de quiebre:<\/strong> A diferencia del est\u00e1ndar internacional, en Chile el consentimiento es un objetivo pero no es vinculante<\/strong>. Esto significa que, aunque no haya acuerdo, el Estado puede dar por cumplido el deber si respet\u00f3 las formas del procedimiento<\/p>\n\n\n\n

                  2. Comparaci\u00f3n DS 66 de 2014 vs. Est\u00e1ndares de Caso Sarayaku<\/strong><\/h5>\n\n\n\n
                    \n
                  1.  <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                    Aspecto<\/strong><\/td>DS 66 de 2014 (Chile)<\/strong><\/td>Est\u00e1ndar Sarayaku<\/strong><\/td><\/tr><\/thead>
                    Finalidad de la consulta<\/td>Intentar acuerdo<\/td>Garantizar autodeterminaci\u00f3n<\/td><\/tr>
                    Car\u00e1cter del consentimiento<\/td>No vinculante<\/td>Vinculante<\/strong> en proyectos de alto impacto<\/td><\/tr>
                    Rol del Estado<\/td>Conduce y controla el proceso<\/td>Debe limitar su poder<\/strong> frente al pueblo<\/td><\/tr>
                    Buena fe<\/td>Formal\/procedimental<\/td>Sustantiva y material<\/strong><\/td><\/tr>
                    Plazos<\/td>R\u00edgidos y breves<\/td>Deben adaptarse a los tiempos del pueblo<\/td><\/tr>
                    Afectaci\u00f3n territorial<\/td>Umbral restrictivo<\/td>Enfoque amplio e integral del territorio<\/td><\/tr>
                    Consecuencia de no acuerdo<\/td>El Estado puede continuar<\/td>El proyecto puede quedar prohibido<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

                    En consecuencia, se puede concluir que <\/strong>el DS 66 cumple m\u00ednimamente<\/strong> con el Convenio 169 desde una l\u00f3gica administrativa y procedimental<\/strong>. Es claro que en el Caso Sarayaku la Corte IDH exige un est\u00e1ndar mucho m\u00e1s alto<\/strong>, centrado en la autodeterminaci\u00f3n, la protecci\u00f3n del territorio y el consentimiento como condici\u00f3n de legitimidad de las medidas estatales. <\/p>\n\n\n\n

                    Por su parte, el DS 66 simplemente reduce la consulta a un tr\u00e1mite, debilita el consentimiento por lo que <\/strong>termina priorizando la decisi\u00f3n estatal por sobre la voluntad ind\u00edgena. <\/p>\n\n\n\n

                    En t\u00e9rminos interamericanos<\/strong>, el DS 66 no alcanza el est\u00e1ndar Sarayaku<\/strong>, especialmente en proyectos extractivos o de alto impacto.<\/p>\n\n\n\n

                    Reflexi\u00f3n para el debate:<\/strong><\/h6>\n\n\n\n

                    \u00bfEs posible validar un proceso de consulta donde el Estado tiene la \u00faltima palabra a pesar del rechazo total de la comunidad? La jurisprudencia interamericana sugiere que Chile a\u00fan tiene una tarea pendiente en la adecuaci\u00f3n de su derecho interno.<\/p>\n\n\n

                    \"Consulta<\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                    Resumen La ratificaci\u00f3n del Convenio 169 de la OIT en 2009 marc\u00f3 un antes y un despu\u00e9s en la relaci\u00f3n del Estado chileno con los pueblos originarios. Sin embargo, a m\u00e1s de una d\u00e9cada de la dictaci\u00f3n del Decreto Supremo N.\u00ba 66 (2014), que reglamenta este proceso, surge una pregunta jur\u00eddica ineludible: \u00bfest\u00e1 nuestra normativa interna a […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":263,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[47,61],"tags":[57,58,56,59,60],"class_list":["post-256","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho-publico","category-indigena","tag-caso-sarayaku-corte-idh","tag-convenio-169-oit-chile","tag-decreto-supremo-66","tag-estandares-internacionales-consulta-previa","tag-propiedad-comunal-indigena"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ejuridicobs.cl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/256","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ejuridicobs.cl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ejuridicobs.cl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ejuridicobs.cl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ejuridicobs.cl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=256"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ejuridicobs.cl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/256\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ejuridicobs.cl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/263"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ejuridicobs.cl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=256"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ejuridicobs.cl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=256"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ejuridicobs.cl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=256"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}