En un fallo de gran relevancia para la gesti\u00f3n migratoria en Chile, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogi\u00f3 un recurso de protecci\u00f3n interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones, ordenando a dicha entidad emitir pronunciamiento sobre una solicitud de permanencia definitiva dentro del plazo de 60 d\u00edas corridos, contados desde la notificaci\u00f3n de la sentencia.<\/p>\n\n\n\n
La parte recurrente interpuso acci\u00f3n constitucional contra el Servicio Nacional de Migraciones, denunciando una dilaci\u00f3n injustificada en dar respuesta a su solicitud de permanencia definitiva. Calific\u00f3 esta demora como ilegal y arbitraria, se\u00f1alando que vulneraba sus garant\u00edas fundamentales contempladas en los numerales 2 y 7 del art\u00edculo 19 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
La Corte Suprema fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en los principios rectores establecidos en la Ley N\u00b0 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, destacando cuatro principios esenciales que fueron vulnerados por la autoridad administrativa:<\/p>\n\n\n\n
1. Principio de celeridad (art. 7):<\/strong> Conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio el procedimiento administrativo en todos sus tr\u00e1mites, actuando por propia iniciativa para hacer expeditos los tr\u00e1mites y removiendo todo obst\u00e1culo que pudiere afectar su pronta y debida decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n 2. Principio conclusivo (art. 8):<\/strong> Que determina la necesidad de t\u00e9rmino del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuesti\u00f3n de fondo.<\/p>\n\n\n\n 3. Principio de econom\u00eda procedimental (art. 9):<\/strong> Que manda a la Administraci\u00f3n responder con eficacia, evitando tr\u00e1mites dilatorios.<\/p>\n\n\n\n 4. Principio de inexcusabilidad (art. 14):<\/strong> Que obliga a la Administraci\u00f3n a dictar resoluci\u00f3n expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El tribunal constat\u00f3 que la autoridad respectiva hab\u00eda desconocido la aplicaci\u00f3n de los principios antes mencionados, dilatando la decisi\u00f3n respecto de la solicitud de permanencia definitiva y excediendo el plazo establecido en el art\u00edculo 27 de la Ley N\u00b0 19.880, que fija un t\u00e9rmino de seis meses para la tramitaci\u00f3n de procedimientos administrativos.<\/p>\n\n\n\n La Corte Suprema calific\u00f3 esta dilaci\u00f3n como ilegal y arbitraria<\/strong>, determinando que vulneraba la garant\u00eda de igualdad ante la ley consagrada en el art\u00edculo 19 N\u00b0 2 de la Carta Fundamental, en tanto importaba una discriminaci\u00f3n en contra de la recurrente en relaci\u00f3n con el trato dispensado a otros interesados que, en situaci\u00f3n jur\u00eddica equivalente, hab\u00edan podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal.<\/p>\n\n\n\n Este fallo de la Corte Suprema cobra especial relevancia al considerarse conjuntamente con lo dispuesto en el art\u00edculo 37 inciso 4\u00b0 de la Ley N\u00b0 21.325 sobre Migraci\u00f3n y Extranjer\u00eda, que se\u00f1ala expresamente: \u00abLas solicitudes de residencia temporal o definitiva deber\u00e1n ser tramitadas en el m\u00e1s breve plazo\u00bb<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El Estado chileno tiene el deber de promover y garantizar la regularidad migratoria en el pa\u00eds, y para ello debe resolver las solicitudes de los extranjeros en el menor tiempo posible. Esta obligaci\u00f3n no es meramente program\u00e1tica, sino que constituye un imperativo legal que encuentra su fundamento en el debido proceso administrativo y en el derecho a obtener una respuesta oportuna de la autoridad.<\/p>\n\n\n\n Es conocido el retardo en el accionar del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitaci\u00f3n de solicitudes de permanencia, situaci\u00f3n que genera incertidumbre y vulnerabilidad en la poblaci\u00f3n migrante. Esta sentencia viene a poner las cosas en su lugar, exigiendo que exista un oportuno pronunciamiento de fondo sobre las peticiones efectuadas, de forma tal que el migrante tenga seguridad jur\u00eddica sobre su estatus en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n El debido proceso est\u00e1 expresamente reconocido por la normativa migratoria nacional, y una de sus manifestaciones esenciales es, por supuesto, el juzgamiento o resoluci\u00f3n dentro de un plazo razonable. La demora injustificada en la tramitaci\u00f3n de solicitudes de permanencia no solo afecta el derecho individual del peticionario, sino que compromete la eficacia del sistema migratorio en su conjunto.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n reafirma que los principios de celeridad, conclusivo, econom\u00eda procedimental e inexcusabilidad no son meras declaraciones program\u00e1ticas, sino mandatos vinculantes cuyo incumplimiento puede ser controlado mediante la acci\u00f3n de protecci\u00f3n cuando se vulneran garant\u00edas constitucionales fundamentales.<\/p>\n\n\n\n Ministros:<\/strong> Sra. Mar\u00eda Soledad Melo L., Sr. Juan Manuel Mu\u00f1oz P. (suplente), Sra. Dobra Lusic N. (suplente), y los Abogados Integrantes Sr. \u00c1lvaro Vidal O. y Sra. Andrea Ruiz R.<\/p>\n\n\n\n Rol N\u00b0 54359-2024, Corte Suprema, Tercera Sala, 13 de noviembre de 2024<\/em><\/p>\n\n\n\nAn\u00e1lisis de la vulneraci\u00f3n constitucional<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
Relaci\u00f3n con la Ley de Migraci\u00f3n y Extranjer\u00eda<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
Implicancias pr\u00e1cticas y seguridad jur\u00eddica<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
Conclusi\u00f3n<\/strong><\/h5>\n\n\n\n